Airbnb: Bruselas exige pruebas para limitar alquileres
Los ayuntamientos que quieran limitar los alquileres de corta duración como Airbnb tendrán que demostrar que dañan de forma relevante el mercado inmobiliario local. La Comisión Europea presentó este miércoles, 9 de septiembre, en Bruselas una propuesta que abre esa vía, pero cierra la puerta a prohibiciones generales. Las restricciones también podrán afectar a las segundas residencias, siempre bajo condiciones.
La futura "Ley de Vivienda Asequible" no da carta blanca a las administraciones. Cada medida deberá justificar qué busca, cómo se ha diseñado y qué efecto tendrá. Además, tendrá que probar con datos que el alquiler de corta duración genera un perjuicio significativo por su volumen, frecuencia o uso comercial.
Tres años de presión y medidas a medida
La tensión en el mercado de la vivienda, o el golpe a su disponibilidad y precio, deberá mantenerse al menos tres años. La administración que actúe tendrá que acreditar también que la restricción es proporcionada y que una opción menos dura no lograría el mismo resultado.
Bruselas plantea además un diagnóstico previo de zona tensionada. Entre los criterios figura que el coste de una vivienda supere los ingresos anuales netos de ocho años. Las reglas deberán ajustarse a cada caso y respetar la seguridad jurídica y los derechos fundamentales.
Un límite de cinco años
Las medidas tendrán una vigencia máxima de cinco años. Podrán revisarse después con una nueva evaluación hecha con la misma metodología. La Comisión Europea advierte de que estos límites no pueden reemplazar la construcción o la rehabilitación de viviendas frente a la escasez estructural.
Para las segundas residencias y las viviendas desocupadas durante largos periodos, la propuesta exige que las condiciones de compra no se apliquen hacia atrás. También reclama normas transitorias y que se contemplen casos como un traslado temporal por trabajo o un ingreso hospitalario prolongado.
El texto aún debe negociarse entre los gobiernos de la Unión Europea, reunidos en el Consejo, y el Parlamento Europeo. Cuando entre en vigor, se aplicará también a las normas que ya hayan sido aprobadas.
Temas: Vivienda · Sanidad · Política · Economía
Fuente: Europa Press / Mallorca.com