Baleares: pagar la vivienda dispara la pobreza oculta
Pagar la vivienda deja a parte de la población de Baleares por debajo del umbral de pobreza, aunque sus ingresos parezcan suficientes antes de ese gasto. Un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), publicado este miércoles 16 de septiembre, sitúa al archipiélago entre las zonas residenciales tensionadas con mayor vulnerabilidad. En España, esta pobreza oculta afectaba a unos 1,95 millones de personas en 2025.
La pobreza oculta recoge a quienes no figuran como pobres al medir solo la renta disponible en dinero, pero sí caen bajo ese umbral cuando afrontan el coste de acceso a la vivienda. Los datos proceden de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística.
La tasa de pobreza convencional era del 19,5% en 2025. Al descontar de los ingresos el coste de acceso al alojamiento, subía al 23,5%. Para Fedea, tener en cuenta la vivienda no borra la mejora registrada desde 2014, pero eleva de forma sostenida el nivel de pobreza medido.
El alquiler concentra el golpe
El alquiler a precio de mercado reúne el 72,5% de los casos de pobreza oculta detectados por el estudio. Esta forma de vivir pasó de representar al 12,1% de la población en 2014 al 17,4% en 2025.
Entre quienes pagan ese alquiler, la pobreza convencional alcanzaba al 32,8% en 2025. Tras restar la renta efectivamente abonada, la cifra llegaba al 49,9%. Uno de cada cuatro inquilinos que inicialmente no aparecía como pobre cruza el umbral después de pagar el alquiler.
Fedea localiza la mayor vulnerabilidad vinculada a la vivienda en hogares cuya persona de referencia es joven, nació fuera de la Unión Europea y reside en áreas tensionadas como Baleares, Madrid o Cataluña.
Lo que no muestra la renta antes de la vivienda
La medición solo por ingresos identificaba al 46,7% de las personas en situación de carencia material y social severa en 2025. El porcentaje aumentaba al 56,9% al tener en cuenta el coste de acceso a la vivienda y al 66,1% al sumar el gasto residencial total.
El informe también contempla el llamado alquiler imputado, una fórmula que reconoce la ventaja económica de no pagar una renta de mercado. Al incluirla, alrededor de 3,38 millones de personas consideradas pobres por sus ingresos monetarios dejarían de estarlo bajo esa definición. El efecto se concentra sobre todo entre propietarios de más edad sin hipoteca, aunque esa ventaja no supone que dispongan de más dinero en efectivo.
Los autores proponen que las ayudas públicas de garantía de ingresos, como el Ingreso Mínimo Vital, incorporen expresamente el coste de la vivienda. Su objetivo es que la protección se ajuste a la capacidad económica que queda después de pagar el alojamiento.
Fuente: Europa Press / Mallorca.com