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Mallorca: el PSIB pide frenar 41 millones a Tirme

Responsable del contenido: Frank Menze

Los 41 millones de euros previstos para Tirme quedan bajo disputa en Mallorca. El PSIB ha presentado este 14 de septiembre en Palma una reclamación para parar la aportación y el cambio en la tarifa del tratamiento de residuos. La operación salió adelante a finales de julio mediante una modificación de crédito, un ajuste del presupuesto, en el Consell de Mallorca.

Archivo - Planta de tratamiento de residuos.
Europa Press

La portavoz socialista en la institución insular, Catalina Cladera, sostiene que el contrato se ha inflado con dinero público sin base legal ni técnica. El partido apoya su recurso en el "Informe definitivo de control financiero", que, según explica, detecta desequilibrios en la fórmula con la que se calcula la tarifa y prácticas que pueden poner en riesgo la continuidad del servicio.

El choque está en cómo se calcula la tarifa

El PSIB cuestiona que las inversiones ejecutadas por la concesionaria se actualicen según el IPC. Cladera afirma que la Intervención considera esa fórmula inadmisible desde el punto de vista contable, económico y jurídico porque choca con el principio de coste histórico y traslada a la Administración riesgos que corresponderían al contratista.

La formación también carga contra la rebaja nominal del 10% anunciada por el Consell. A su juicio, ese descenso esconde que el coste real acabaría recayendo sobre el presupuesto insular.

El PSIB alerta por el presupuesto de Mallorca

Según Cladera, la modificación de crédito de 41 millones vulnera las normas de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, de acuerdo con informes de la "Intervención General". Advierte de que la operación puede generar desequilibrios, afectar a la liquidación del presupuesto y obligar al Consell a elaborar un "Plan Económico-Financiero".

El partido reclama que se detengan los expedientes y que las tarifas se aprueben con transparencia y respeto a la legalidad. También sostiene que la ayuda contradice la Directiva Europea de Residuos y la Ley 7/2022, que atribuyen a los productores de residuos el coste de su gestión, no a la Administración.

Temas: Medio ambiente · Política

Fuente: Europa Press / Mallorca.com