Baleares estudia frenar las segundas residencias
Una de cada cuatro viviendas vendidas bajo el actual Govern acabó en manos de extranjeros que viven fuera de España, según MÉS per Mallorca. Son 10.201 casas, una cifra que el diputado Ferran Rosa vincula a la presión sobre los precios. Este 15 de septiembre, el Govern balear ha respondido en el Parlament, en Palma, que analizará si puede limitar la compra de segundas residencias.
El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha dejado claro que cualquier restricción deberá ajustarse a la legislación española y europea vigente. La nueva normativa de la Unión Europea apenas inicia su tramitación, pero el Ejecutivo quiere trasladar a Bruselas las condiciones de Baleares como territorio limitado.
La UE abre la puerta a medidas fiscales
Según Mateo, la propuesta europea no respalda poner topes a los precios. Sí anima a los Estados miembros a actuar contra comportamientos especulativos que dañen el mercado de la vivienda.
Entre las opciones que cita figuran medidas fiscales, más transparencia en el mercado y reservar una proporción concreta de las nuevas promociones para vivienda social y asequible. El Govern defiende además el requisito de cinco años de residencia para acceder a determinadas promociones.
Mateo asegura que 10.000 viviendas asequibles están en distintos trámites y que la cifra sigue creciendo. También cifra en más de 34.000 las personas de Baleares que han recibido ayudas al alquiler, bonificaciones fiscales o la hipoteca joven.
El Govern, sin embargo, descarta declarar una “zona tensionada”, la figura prevista para áreas con dificultades de acceso a la vivienda. Mateo sostiene que allí donde se aplica aumenta el alquiler de temporada.
MÉS retrata un mercado cada vez más caro
Rosa ha llevado al debate los precios que afrontan los residentes. Según sus datos, desde 2023 los alquileres han subido un 30%, los precios de venta un 34% y el metro cuadrado alcanza de media los 5.600 euros.
El diputado de MÉS per Mallorca acusa a las compras de no residentes de retirar viviendas del mercado y de elevar la presión por la mayor capacidad adquisitiva de esos compradores. También reprocha al Govern que no haya precisado qué medidas tomará para evitar la adquisición de segundas residencias.
Mateo ha replicado que la competencia en vivienda corresponde a las comunidades autónomas. Como alternativa, ha citado la nueva “vivienda de precio limitado”, para la que se pueden exigir hasta 20 años de residencia permanente, según el municipio.
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Fuente: Europa Press / Mallorca.com